La ola de decadencia democrática que se ha extendido por el mundo en los últimos años ha tenido un lugar destacado en América Latina. Al igual que otros países de Europa, Asia y América del Norte, en los últimos años se han elegido o reelegido líderes autoritarios en el continente latinoamericano. El fortalecimiento de prácticas antidemocráticas históricamente consolidadas, así como la actualización de mecanismos de debilitamiento institucional, crean una situación compleja y delicada en la región.
Al observar las realidades locales, los riesgos para la libertad y la democracia se presentan de diferentes formas y afectan diferentes ámbitos de la vida social. La situación requiere una mirada que sea capaz de comprender las intersecciones y relaciones entre estos diferentes mecanismos, así como registrar su funcionamiento en distintas dimensiones (formal o informal, por ejemplo).
Dromómanos elaboró, en alianza con LAUT, un Inventario Autoritario que registró las principales acciones y omisiones de siete gobiernos federales latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México y Venezuela) que ponen en riesgo las democracias locales en el periodo 2020-2021.
Identificamos cinco líneas principales de acción para estas políticas: concentración de poder, covid-19, militarización, derechos humanos e información. El inventario nos ayuda a identificar algunas estrategias comunes empleadas dentro de estas cinco áreas para entender cómo el declive democrático se traduce en políticas concretas, lo que ayuda a escalar el tamaño del desafío que se avecina.
Llama la atención los diversos intentos de reducir o tomar el control de órganos del Estado, como las Procuradurías Generales de la República y las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto público: así sucedió al menos en México, Brasil, Nicaragua y El Salvador. Este proceso se cruza con un esfuerzo coordinado para reducir la transparencia de los actos públicos y con prácticas históricas de corrupción en la región. Todo esto configura un cuadro de aumento de la centralización del poder en manos del poder ejecutivo y sus aliados cercanos.
La situación se agrava cuando identificamos que, aunado a la creciente centralización del poder, los gobiernos también han realizado esfuerzos para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que han adoptado una postura crítica hacia sus administraciones. En todos los países, oenegés, académicos, periodistas y miembros de movimientos sociales fueron intimidados por el gobierno. Los mecanismos de persecución van desde discursos públicos violentos contra investigaciones periodísticas o de oenegés hasta condenas penales de opositores políticos, pasando por investigaciones de profesores o periodistas y la promulgación de leyes que asfixian financieramente a las organizaciones del tercer sector.
La acción policial y militar juega un papel clave en tales persecuciones. En varios países, como Chile, Colombia, Venezuela y Nicaragua, las protestas fueron duramente reprimidas por la policía, resultando en detenciones, heridos e incluso muertos. También eran comunes los informes de tortura o trato inhumano en las cárceles y las instalaciones policiales. Al mismo tiempo, varios gobiernos ampliaron las competencias de las Fuerzas Armadas, que pasaron a ser responsables de temas que deben ser abordados por las políticas sociales, como la migración y los derechos indígenas. Además, también se incrementaron los recursos que se les asignan, ya sea a través de mayores transferencias a inversiones tecnológicas o a través de un aumento de salarios. En países con un pasado reciente marcado por dictaduras, guerras civiles y partidos hegemónicos, donde las fuerzas de seguridad el Estado jugaron un papel preponderante en la represión, los nuevos procesos de militarización se ven con desconfianza y son comunes las narrativas que los asocian a una “regresión” histórica.
En la pandemia también llamaron la atención las acciones de los gobiernos analizados. En algunos casos, como en Chile y El Salvador, la emergencia sanitaria se utilizó como excusa para aumentar el nivel de persecución y represión de las críticas. En otros, como Brasil y Nicaragua, los gobiernos actuaron con negligencia en relación a la gravedad de la enfermedad, para negar la emergencia sanitaria e infundir activamente la desconfianza de la población en la ciencia y las instituciones. En todos los casos hubo episodios de irrespeto a los derechos fundamentales.
Como reacción a las debilidades de los sistemas políticos, en algunos casos se iniciaron procedimientos internacionales de rendición de cuentas de los gobiernos. Al encontrarse el impedimento o agotamiento de los medios ordinarios de juzgamiento en los países, se activaron órganos como la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de los Pueblos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, organismos consultivos también han levantado alertas, como los relatores especiales de la ONU.
Si es cierto que las trayectorias autoritarias tienen rasgos comunes, también lo es que tienen diferentes especificidades y grados. En Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, los procesos de autocratización se encuentran en etapas más avanzadas. Ya hubo, por ejemplo, intervenciones directas al poder judicial y restricciones sustanciales a los procesos electorales.
En Chile, por otro lado, la izquierda obtuvo una victoria histórica con la elección de Gabriel Boric en marzo de 2022, lo que disipó las preocupaciones de un mayor declive democrático. Además, a fines de 2020, la población aprobó el cambio de la Constitución —entonces datada de 1980, cuando la dictadura de la junta militar era presidida por Augusto Pinochet—. En México, Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, siguen ganando elecciones ante una oposición difuminada rumbo al fin del sexenio en 2024. Colombia ha elegido por primera vez en su historia un gobierno de izquierda, que llega al poder en un contexto de alta polarización. Brasil, por su parte, tiene elecciones programadas para octubre, y los escenarios que enfrentan al actual presidente contra el expresidente Lula (izquierda) son los más probables. En El Salvador, Nayib Bukele sigue gozando de una gran popularidad y existen varios indicios de que está preparando el escenario para su reelección, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohíbe.
A pesar de las diferencias nacionales en los procesos políticos, lo cierto es que, a nivel internacional, las inclinaciones de cada país marcan la diferencia. Esto se debe a que los problemas y desafíos que se enfrentan van más allá de los límites geográficos de cada país y requieren respuestas creativas y estratégicas de largo plazo. Sólo a través de la reflexión y la acción conjunta seremos capaces de responder al mayor desafío que se nos presenta: la supervivencia de la democracia.
