Desde que a finales de 2006 el entonces presidente, Felipe Calderón, iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico, la militarización de México ha ido en aumento a pesar del fracaso en la reducción de la oferta de droga y la violencia. La presencia en las calles del Ejército, en cambio, ha derivado en una multitud de violaciones de los derechos humanos: detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas… Más allá de su papel en la seguridad pública, alrededor de 130 funciones que desempeñaba el poder civil están bajo control de las Fuerzas Armadas, muchas de ellas delegadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy los militares patrullan, construyen aeropuertos, administran bancos y puertos o distribuyen y resguardan las vacunas contra la covid-19. Todo ello con un manto de opacidad que hace imposible fiscalizar gran parte de sus tareas. López Obrador ha utilizado sus conferencias de prensa diarias para atacar a voces críticas, deslegitimar a la prensa, la academia y la sociedad civil o descalificar movimientos como el feminismo.