Desde el pueblo de San Miguel Xaltocan en el Estado de México, Antonio Sánchez, señala la escultura ecuestre del general Felipe Ángeles, colocada en el principal acceso al nuevo aeropuerto internacional bautizado en honor a este héroe de la Revolución Mexicana. El monumento de bronce fundido de 10 metros de altura y 20 toneladas, costó unos 20 millones de pesos. “Esa cosa ya se terminó, y nosotros, una cosa tan sencilla, una escuela primaria, todavía no la terminan, ¿qué más le puede decir uno de todo esto?”, dice molesto el poblador. 

Una barda enorme divide los terrenos del AIFA, inaugurado en marzo pasado, de esta comunidad de origen nahua. Los pobladores creyeron en uno de los proyectos estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto que donaron parte de sus terrenos ejidales. Pero eso ya quedó en el pasado. Los militares, dicen varios habitantes, se han encargado de desencantarlos. Primero como propietarios del aeropuerto, al incumplirles la promesa de que la calidad de vida de su comunidad mejoraría. Después reprimiendo las protestas del pueblo para que cumplieran su palabra. El 27 de mayo, un grupo de 30 manifestantes se enfrentaron con piedras a miembros de la policía militar.

Desde que López Obrador asumió el poder, las Fuerzas Armadas no solo han aumentado su presencia en las calles, también han emprendido una nueva misión: convertirse en empresarios exitosos.

AIFA SA de CV es una de las 6 nuevas empresas de participación estatal mayoritaria que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agrupa en un consorcio llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica SA de CV. 

Según un estudio realizado por la organización civil México Cómo Vamos (MCV), que colaboró en sintonía con esta investigación, el nuevo grupo aeroportuario y ferroviario del Ejército tiene un valor en activos que podría superar los 305 mil 677 millones de pesos, unos 15 mil millones de dólares.

El grupo militar, en un hecho inédito por su magnitud y forma de asociarse, también tendrá presencia con otros 3 aeropuertos en los estados de Chiapas, frontera con Guatemala, y Quintana Roo, el mayor polo turístico nacional. 

Además, administrará una ruta de mil 500 kilómetros de vías del Tren Maya en cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, y construirá una parte de su trazo.

El presidente López Obrador ha asegurado que confía en la milicia para esta tarea porque es “pueblo uniformado”.  Fabiola Torres, líder comunitaria de Xalcotán, presente en las protestas del 27 de mayo, opina lo contrario: “(Los soldados) no son personas que se prestan al diálogo. Son personas que nos dicen: yo te doy esto, y si lo tomas bien, si no de todas maneras lo voy a hacer. Así nos dicen, con esas palabras: aunque te interpongas, lo voy a hacer”. 

Otro de los argumentos del presidente para dotar a las Fuerzas Armadas de un poder económico sin precedentes es que es una institución “incorruptible”. Sin embargo, conocer las entrañas administrativas, jurídicas y financieras del nuevo consorcio empresarial militar es una tarea improbable porque generalmente no se rigen con las mismas leyes civiles, y en las excepciones en que sí se les obliga a informar apenas entregan rescoldos de datos. No hay institución civil que realmente los obligue a ser transparentes.

Para este trabajo periodístico se realizaron 54 solicitudes de información pública con las que se buscó conocer el proceso integral que lleva la conformación del nuevo grupo aeroportuario y ferroviario. 

La Sedena declaró la “inexistencia de la información” en cada una de las solicitudes. En dos ocasiones se pidieron entrevistas al Ejército, pero no se concedieron: primero pretextaron la veda electoral por la revocación de mandato presidencial realizado el 10 de abril pasado; después se rechazaron las entrevistas porque los soldados tenían «múltiples actividades programadas”.

La información lograda se obtuvo a través de la Secretaría de Hacienda. La tesorería entregó a la reportera los datos que la Sedena le dio para respaldar la viabilidad de los proyectos, y que las mismas Fuerzas Armadas calificaron de inexistentes en las solicitudes de información.

El objetivo del consorcio empresarial es ejecutar y mantener las obras emblemáticas del presidente López Obrador, al tiempo que se mejoran las finanzas del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada con recursos económicos para su sistema de seguridad social y pensiones. 

Según la proyección realizada por los economistas de la organización MCV, una obra como el Tren Maya no recuperará su inversión sino hasta dentro de 17 años.

Un pueblo transformado

Fabiola Torres camina por una calle de terracería que conduce a la nueva zona escolar en construcción. Sostiene un plano de las obras en su mano y una minuta de acuerdos con firmas de funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (Segob), y de la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Torres encabeza un pequeño movimiento de pobladores de Xaltocan, en su mayoría mujeres, que exigen el cumplimiento de compromisos hechos por el gobierno federal en 2019 a cambio de ceder 128 hectáreas de tierras ejidales para la construcción del AIFA.

Según cuenta Fabiola, la Sedatu está obligada a construir un centro de salud, un centro cívico, una plaza central, un preescolar, una primaria y una secundaria en Xaltocan. El compromiso, afirma, obliga al gobierno federal a que por lo menos una de estas obras hubiese sido terminada antes de noviembre de 2021, pero hasta la fecha ninguna está en funcionamiento.

En una ficha técnica proporcionada para este trabajo, la Sedatu detalló que las obras registran avances entre el 80 y 90% y responsabilizó de los retrasos a “complicaciones e incumplimientos de las empresas asignadas”. 

“Un día vimos una noticia donde decían que a los pueblos del Tren Maya les prometieron obras a cambio de terrenos. Hemos pensando en contactar a esas poblaciones para que sepan lo que le pasó a Xaltocan”, cuenta Fabiola con un dejo de frustración, mientras señala las tres escuelas de educación básica en obra gris.

En esta comunidad no hay pavimento, drenaje ni sistema de agua potable. Los antiguos centros educativos de preescolar, primaria y secundaria fueron demolidos para dotarlos de nuevas instalaciones, sin embargo su construcción acumula un retraso de 9 meses, según los plazos establecidos en el contrato de obra pública.

Hace poco la Sedena alebrestó los ánimos. La empresa militar que administra el AIFA escarbó e instaló tuberías del aeropuerto en terrenos que aún le pertenecen a los ejidatarios de Xaltocan. Fue la gota que derramó el vaso de la indignación social, y provocó el enfrentamiento del pasado viernes 27 de mayo.

En esta comunidad de raíz nahua, donde se rigen por usos y costumbres, les resulta una ironía el nuevo nombre del grupo empresarial militar “Olmeca, Maya, Mexica”, en referencia a tres civilizaciones prehispánicas mexicanas.

“El presidente habla mucho de los indígenas, y nosotros en nuestra ignorancia nos lo creímos, nos imaginamos nuestro pueblo transformado. En esta comunidad hemos dado mucho, ¿y a cambio qué?, nomás nos bardearon todo el pueblo, nos encerraron, y ni siquiera tenemos acceso al aeropuerto”, reclama Fabiola.

De lo civil a lo militar

Una crítica constante de activistas y académicos al protagonismo que el presidente le ha conferido a la milicia es que le está entregando más poder, capacidad e independencia financiera al Ejército cuando se tiene una democracia, sin embargo el mandatario lo ha justificado con el argumento de evitar futuras privatizaciones y de construir a bajo costo.

“Queremos que las Fuerzas Armadas custodien el patrimonio de todos los mexicanos, que se defienda lo que es del pueblo; todo esto es de la nación”, dijo López Obrador el 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea, mientras defendía al Ejército en su discurso. Ese día, ataviado con traje oscuro, camisa blanca y corbata verde.

La compañía militar ya constituida manejará el Tren Maya SA de CV y cuatro aeropuertos internacionales: el Aeropuerto Internacional de Chetumal Cuna del Mestizaje SA de CV, en Quintana Roo; el Aeropuerto Internacional de Palenque Señor Pakal SA de CV, en Chiapas; el AIFA SA de CV, en el Estado de México; y el Aeropuerto Internacional de Tulum Zamá SA de CV, también en Quintana Roo, el único de en proceso de construcción.

Para poder constituir legalmente el grupo empresarial, la Sedena se asoció con su propio sistema de bancos: el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El Banjército posee el 1% de las acciones en cada una de las 6 empresas, el resto son de la Sedena.

En informes de la Oficialía Mayor de la Sedena obtenidos por transparencia para este reportaje, se explica que “Olmeca, Maya, Mexica” pretende competir en la industria aeroportuaria como una alternativa a la conexión aérea que ofrece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Estos dos aeropuertos encabezan el ranking nacional con mayor movimiento de pasajeros internacionales.

La apuesta del Ejército es que el AIFA logre mover a 13 millones de usuarios en su primer año de operaciones y, cuando se concluya Tulum, el segundo aeropuerto aporte otros 4 millones de pasajeros al año.

“El aeropuerto de Tulum tendrá una ubicación privilegiada y puede ser explotado al máximo al ser una puerta de entrada del turismo al sureste mexicano, conformado por una triada de terminales aéreas en la que se encuentra el aeropuerto de Palenque, de Chetumal y de Tulum, fomentando el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria en el sureste del país”, argumenta la Sedena en los documentos justificativos enviados a la Secretaría de Hacienda.

Antes, los aeropuertos de Palenque y Chetumal tenían una operación civil, pero ahora están entregados a los militares.

En la planeación oficial, el Tren Maya será utilizado por 43 mil 680 pasajeros diarios en 2023, casi 16 millones de pasajeros al año. La proyección es que logre atender a más de 100 mil personas al día en el año 2052, cuando la capacidad de traslado de carga también alcance los 980 millones de toneladas al año.

Opacidad militar

Adriana García, coordinadora de análisis económico de México Cómo Vamos, una organización civil fundada en 2014 que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico sostenido, valora que colocar a una empresa militar a cargo de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de López Obrador es un poderoso candado contra la transparencia que no permite ver el uso del dinero público.

La opacidad del proyecto es notoria, afirma la economista, pero aún así pudo rastrear los montos de inversión de los aeropuertos y el Tren Maya, para determinar el valor de los activos de cada empresa y el valor total del grupo aeroportuario y ferroviario.

La especialista en finanzas públicas e indicadores macroeconómicos buscó datos en el presupuesto de la federación, en cuentas públicas de 2019 a 2021, en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y en declaraciones oficiales de titulares del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Hacienda y Sedena.

Sin embargo, no todos los datos coincidieron, por lo que en algunos casos se tuvieron que calcular estimaciones promedio.

La suma de las inversiones y valuaciones de los 4 aeropuertos y el Tren Maya realizada por México Cómo Vamos para este reportaje resultó en más de 305 mil millones de pesos, desglosado de la siguiente manera: Tren Maya, valuado en 200 mil millones de pesos; AIFA, con un valor estimado en 104 mil millones de pesos;  Aeropuerto de Tulum, con una inversión de 985 millones de pesos; Aeropuerto de Chetumal, valuado en 486 millones de pesos, y Aeropuerto de Palenque, con un valor en activos estimado en 24 millones de pesos.

Viabilidad financiera en duda

Si este negocio militar jugara las reglas del sistema empresarial privado, el retorno de la inversión tardaría por lo menos unos 17 años, advierte la organización México Cómo Vamos.  

Un análisis de MCV realizado a partir de los informes de viabilidad financiera de Sedena, estima que el Tren Maya tendría números positivos hasta el 2038.  

En el aeropuerto de Palenque Señor Pakal, el plazo para recuperar la inversión será de 19 años, mientras que el Aeropuerto de Tulum Zamá, la recuperación de la inversión tardará 22 años.

Para los aeropuertos AIFA y Chetumal, Hacienda no proporcionó información que permitiera la estimación.

“La gran duda es quién absorberá las pérdidas de estas obras de infraestructura”, cuestiona Adriana García, de México Cómo Vamos, con base en los informes de viabilidad financiera, proporcionados por Hacienda.

En el detalle, la organización coordinada con El Universal y Dromómanos para este reportaje, explica que las 6 empresas públicas se aprobaron con una tasa de rentabilidad social de 10.03 y 10.90%, y justo es el 10 por ciento el mínimo aceptado por la autoridad hacendaria.

Sin embargo, tras las modificaciones que han tenido los proyectos como el Tren Maya, donde los cambios de ruta y amparos en curso incrementan los riesgos de inversión, hay una alta probabilidad de que la tasa de rentabilidad sea aún menor a la tasa que Sedena utilizó para que Hacienda aprobara la creación de las empresas. 

“Las empresas se aprobaron sin considerar las modificaciones a los proyectos, lo que pone en tela de juicio que sean financieramente viables”, observa la especialista.

Respecto a la promesa del presidente López Obrador de destinar las ganancias de las empresas a los fondos de pensiones de las fuerzas armadas y los trabajadores del Estado, no hay claridad si aportaría este dinero desde el día 1 o hasta que se recupere la inversión.

“El caso más optimista es el Tren Maya, con un Periodo de Recuperación de 17 años”, destaca la investigadora.

La organización lamenta que la información financiera sobre el destino de los recursos públicos y su posible rentabilidad social de los negocios militares sea tan escasa y desactualizada. Esto complica las estimaciones.

Militarismo v.4.T 

Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), afirma que considera que la creación de la empresa Olmeca Maya Mexica es una estrategia anormal que conlleva la anulación de facto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una dependencia civil que constitucionalmente es la responsable de la infraestructura estratégica del país.

“Preocupa mucho el control de las finanzas de esas empresas porque el Ejército tiene más reservas a la apertura informativa, ahí no hay control ciudadano… No hay cómo saber si es cierto o no que los militares son incorruptibles”, cuestiona.

Especialista en seguridad nacional, defensa y relaciones cívico-militares, Benítez Manaut advirtió que con estas empresas los riesgos de violaciones a Derechos Humanos de parte de los militares es prácticamente nulo, salvo cuando se enfrentan a pobladores por temas ambientales y derechos de la tierra.

“Esto les da recursos, buenos sueldos, las fortalece institucionalmente”, destaca. 

El profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México afirma que estamos en un segundo período de militarización mexicana en el que se transfieren facultades de la administración pública a los mandos castrenses.

“Es una militarización progresiva, y ahora la pregunta abierta es si esto tendrá reversa, o no”.

El informe Military-owned businesses: corruption & risk reform, de la organización Transparencia Internacional, que habla sobre las empresas militares, la corrupción y la reducción de riesgos, alerta sobre el involucramiento militar en los negocios públicos.

En el estudio que recoge experiencias de China, Turquía, Pakistán e Indonesia, se señala que las empresas propiedad de militares son emprendimientos riesgosos para los países porque pueden ahuyentar inversiones extranjeras y desestabilizar la economía nacional.

También se advierte que la actividad empresarial representa un grave riesgo de distracción en las funciones principales de la milicia, pero más allá del desgaste, alerta de riesgos de corrupción, malversación de fondos públicos, fraude fiscal e incluso posibles prácticas coercitivas sobre los trabajadores.

“En la mayoría de las situaciones, la corrupción se vuelve rampante, y un problema importante que perjudica al Estado y a la economía nacional”, se lee en el documento.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, cuestiona que México camine en sentido contrario a la tendencia mundial de revertir las agencias militares hacia poderes civiles con controles democráticos sólidos.

“La idea de que son incorruptibles es falsa: no existe ninguna institución pública que sea incorruptible. Citando a un general Alvaro Obregón: nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. Para todo blindaje hay un misil”, enfatiza.

Para el especialista anticorrupción ceder facultades civiles al Ejército no es deseable, sin embargo, una vez que esto es un hecho, se requieren implementar controles democráticos que obliguen a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, como atender sus obligaciones de transparencia, informar sobre el diseño de sus órganos internos de control y su consejo consultivo, realizar comparecencias públicas, entre otros.

Bohórquez considera que el gobierno federal aprovecha la confianza ciudadana que existe en las fuerzas armadas para poner un blindaje que permita ocultar las operaciones del nuevo grupo empresarial.

“La confianza en el Ejército es alta, si tú le dices a la gente que ellos lo van a operar, te quitaste 50 preguntas que nos haríamos si dijéramos que se va a licitar”.

Un dato que abona al comentario de Bohórquez es que según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI, la Marina tiene una valoración de confianza ciudadana del 90%, mientras que el Ejército alcanza un 87%.