En noviembre de 2019, casi un año después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, una misión para la libertad de expresión integrada por 17 organizaciones solicitó un espacio en su conferencia de cada mañana. “¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo?”, preguntó Silvia Chocarro, oficial de protección de Artículo 19 Internacional.

“Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas”, respondió el presidente.

Chocarro le recordó que había utilizado una frase tan fuerte como “los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal”.

“¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron primero en Gustavo Madero y luego en su hermano”, había dicho López Obrador el 31 de octubre de ese año, quejándose de la cobertura de la prensa sobre la captura y liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán López en Sinaloa.

Ante el recordatorio de Chocarro, el presidente afirmó que siempre ha respetado a las y los reporteros porque no los ve «como enemigos, sino como adversarios”.

El día continuó con una ola de ataques en redes sociales contra Chocarro.

Más de dos años después de esa conferencia, López Obrador ha calificado de “prensa fifí” o “fantoches, conservadores, hipócritas, doble cara” a medios y periodistas que han publicado informaciones críticas con su gobierno. Mientras tanto, durante su administración las agresiones hacia periodistas han crecido alrededor de un 20% y los asesinatos continúan a ritmo de récord en el país del mundo sin guerra más peligroso para la prensa.

De acuerdo con Artículo19, organización dedicada a defender la libertad de expresión, el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) fue el más letal para la prensa: 48 periodistas asesinados. Con Enrique Peña Nieto (2012-218) fueron 47. En 2017, se registró la cifra más alta (12). Si las estadísticas siguen sus proyecciones el periodo de gobierno de López Obrador, donde ya han sido asesinados 32 periodistas, superará con creces a los de sus antecesores. Si comparamos los tres primeros años de las últimas dos administraciones, con Enrique Peña Nieto habían sido asesinados 16 comunicadores, con Andrés Manuel López Obrador, 25. Solo este año han sido ejecutados siete periodistas.

El hostigamiento a la prensa en México, además, ha ido en aumento, en particular a periodistas de municipios pequeños, los más indefensos. En 2015 había una agresión cada 22 horas, en el primer semestre de 2021 se registró una cada 12 horas. Los funcionarios y políticos son los principales agresores, con 37%. Más de la mitad de las agresiones sucedieron por coberturas vinculadas a la corrupción y a la política.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo19, dice que las críticas a la prensa del presidente no generan automáticamente una violencia física en contra de los periodistas, pero sí mandan un mensaje de permisividad que provoca un efecto cascada: “Eso sí lo hemos estado viendo, sobre todo en los actores políticos locales que se sienten con el permiso para hacer lo mismo que hace el presidente, e incluso más”, advierte.

La relación del presidente con la prensa en los últimos meses ha sido especialmente tensa, sobre todo después de la publicación del reportaje titulado Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO, realizado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y difundido por el medio Latinus. En el trabajo se afirma que José Ramón López Beltrán contradice el discurso de austeridad de su padre porque primero ocupó una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida. Desde entonces, López Obrador ha redoblado su crítica contra periodistas que no son de su agrado y que tienen espacios noticiosos de alta audiencia.

Tal vez el caso de mayor impacto ha sido el del periodista Carlos Loret de Mola, un claro crítico de su gobierno. El presidente lo ha tildado de mercenario, golpeador y corrupto. Además, en un hecho inédito, el decidió exponer en una pantalla gigante el presunto sueldo del comunicador, lo que ha sido condenado por periodistas, políticos y organizaciones internacionales por revelar datos confidenciales y por violar la legislación. Loret afirmó que eran datos falsos.

A finales de noviembre de 2021, el presidente se lanzó también contra Carmen Aristegui, una de las periodistas mexicanas más galardonadas y reconocidas en el país y en el extranjero. Después de la publicación del reportaje Sembrando vida y la fábrica de chocolates, en el que se involucraba a otro hijo del presidente, López Obrador dijo que él tenía una opinión diferente de quienes pensaban que Aristegui era una “paladina de la libertad”. Después de la publicación del reportaje que habla de la casa donde vivió su hijo mayor en Houston, la calificó de “deshonesta” y de que “está a favor del bloque conservador”.

Pero esta no siempre fue la opinión de López Obrador. De acuerdo a información que se puede consultar en su sitio en internet en abril de 2014 criticó una “campaña en contra de Aristegui”, y dijo que lo que buscaban era desprestigiar a las personas que actúan con integridad, profesionalismo y con justicia. En octubre de 2018, cuando Carmen Aristegui regresó a la radio abierta, y López Obrador era presidente electo, la calificó como una “periodista independiente, profesional”. “Es un buen inicio de una nueva época, iniciar reivindicando al periodismo libre. Ahora sí que dando la recompensa a quien fue víctima de la censura”.

A pesar de las descalificaciones repetidas, el presidente sostiene que en su gobierno se garantiza el derecho a disentir. “Pero queremos también tener el derecho de réplica. ¿O la libertad de expresión aplica para unos y para otros no? ¿Se tiene que silenciar el presidente? ¿No ejercer la libertad? Además, tenemos que buscar los equilibrios. Es que es mucho dinero el que corre para la guerra sucia”, afirmó el 18 de febrero pasado.

Ese “derecho de réplica”, además del presidente, lo ejerce cada miércoles Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, un espacio donde el gobierno califica como falsas publicaciones de medios de comunicación. La sección sigue vigente, a pesar de que en julio del año pasado, Pedro Vaca, relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó al gobierno mexicano a reconsiderarla, ya que puede afectar a las garantías para un debate libre e informado.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, plantea que el problema no es por sí mismo el ejercicio de la conferencia mañanera, que incluso puede ser positivo porque los periodistas preguntan directamente al mandatario, el problema es la forma en que la utiliza.  “Tenemos claro que, a ningún presidente, a ningún político, le toca decir cómo debe de ser la prensa; le toca respetar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Esa parte nosotros la tenemos muy clara, pero parece ser que él no”.

Contra la academia y los órganos autónomos

La crítica constante del presidente en sus conferencias también alcanza a organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil. Una de las instituciones a la que más ha descalificado es el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

“Cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. Se creó y en qué ha contribuido para reducir la corrupción. Al contrario, la corrupción creció como nunca, a la par de que se creó este organismo. Los sueldos de los del Instituto de la Transparencia hasta de 300 mil pesos mensuales”, dijo.

En realidad, el INAI no busca directamente combatir la corrupción, como dice el presidente, ese es un efecto que conlleva la transparencia. La razón de ser del instituto es garantizar que el gobierno entregue la documentación a la que está obligado por ley y proteger los datos personales. Para combatir la corrupción existe el Sistema Nacional Anticorrupción, un modelo que ha sido ignorado por este gobierno. Los comisionados tampoco ganan 300 mil pesos. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, perciben la mitad de eso: 151 mil 539 pesos.

Justo en la coyuntura del reportaje de la casa de Houston donde vivió el hijo de López Obrador, el mandatario le solicitó al INAI que informara sobre los ingresos que percibe el periodista Carlos Loret de Mola. La respuesta del instituto fue muy clara: no lo haría porque no tenía facultades para hacerlo.

La lista de instituciones autónomas y de carácter independiente descalificadas por el presidente ha ido creciendo conforme pasan los meses, lo mismo el INAI que el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), e incluso ha arremetido contra  instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Desde hace meses, en el CIDE se han sucedido movilizaciones y protestas en contra de la nueva dirección, encabezada por José Antonio Romero Tellaeche. La comunidad estudiantil denuncia que su llegada es una imposición de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estructura del gobierno federal. Durante varias semanas, estudiantes tomaron las instalaciones del CIDE en Ciudad de México y Aguascalientes, y colocaron carteles con mensajes de protesta, como “Álvarez Buylla la academia no es tuya”, “A ti Romero no te eligieron, a ti te impusieron”, y “¿Por qué nos ven neoliberales?”, esta última pregunta aludiendo a la palabra que usa López Obrador para descalificar las estructuras y políticas creadas antes de que él asumiera la presidencia.

El académico José Roldán Xopa expone que la existencia de organismos autónomos está justificada como un contrapeso del presidencialismo, y es parte de conquistas ciudadanas.

“Creo que el presidente tiene una serie de errores y de carencias en su propia concepción política y de Estado, porque cada uno de los órganos constitucionales autónomos tienen una razón de ser que al ser integrados en la estructura de la Administración Pública Federal pierden su sentido, su función”, afirma.

El mandatario acusó que en décadas pasadas se intentó crear “otro gobierno” con organismos “supuestamente autónomos”.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advierte de que el discurso del presidente sobre los órganos autónomos es recurrente.

“Lo que ha hecho con mucha persistencia es ilustrar que va por los órganos constitucionales autónomos porque además completan muy bien la narrativa presidencial: no dependen del presidente, no dependen de su proyecto político, sus nombramientos transitan por varios sexenios y no se alinean políticamente a una sola fuerza. Muchos de ellos son colegiados, y eso no le gusta”, menciona.

Ante las críticas que recibe, López Obrador ha dicho que no se va a “correr al centro” y va a continuar con su discurso en contra de quienes considera adversarios de su movimiento.

El próximo 10 de abril se celebrará una consulta para la revocación de mandato, una votación que ha impulsado el propio López Obrador. Diputados y senadores de Morena, el partido del presidente, crearon la semana pasada la “Red de Comunicadores del Pueblo”, una asociación civil que, según sus creadores, cuenta con más de 500 “comunicadores” para fomentar la democracia, garantizar la objetividad de la información y “emprender la batalla contra la desinformación” en México. Su primer objetivo será denunciar y documentar el presunto sabotaje que el Instituto Nacional Electoral está preparando para esa fecha.