Las masivas manifestaciones que iniciaron en Chile en octubre de 2019 en contra de las desigualdades creadas por un modelo de país impuesto desde la dictadura, fueron reprimidas por el Estado. La ciudadanía reclamaba mejor democracia, las autoridades respondieron con una regresión autoritaria: violaciones de derechos humanos, criminalización de la protesta y unos mecanismos de control que han dejado desprotegidas a las víctimas. La pandemia disminuyó el estallido en las calles, pero profundizó el control social —toque de queda durante 18 meses— y limitó los contrapesos políticos y judiciales. A todo ello, se suma la militarización ante las demandas del pueblo mapuche en el sur del país.