La Asamblea Legislativa aprueba sin discusión previa la que se denomina públicamente “Ley Alabí”. La nueva ley garantiza impunidad ante los posibles procesos civiles y penales que surjan contra funcionarios y contratistas de insumos, equipos médicos adquiridos durante la pandemia, y relacionados a irregularidades cometidas en el uso de fondos públicos.
EL CONGRESO GARANTIZA INMUNIDAD A LOS FUNCIONARIOS ACUSADOS DE CORRUPCIÓN
