El Presidente Iván Duque emitió el Decreto 333 de 2021 en el que cambió el reparto de las tutelas relacionadas con seguridad nacional, las políticas, programas y/o estrategias relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, asignando su conocimiento al Consejo de Estado. La medida fue tomada luego de que mediante acciones de tutela, varios tribunales regionales protegieran derechos fundamentales de comunidades rurales a la participación y a la consulta previa en el procedimiento ambiental para la reanudación de las fumigaciones con glifosato. El Gobierno argumentó que dada la trascendencia de estos temas, debería ser un tribunal de cierre de jurisprudencia quien decidiera estas acciones. El Decreto fue demandado ante el Consejo de Estado por catorce colectivos, entre ellos la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDPHANA), el Colectivo Orlando Fals Borda y el Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR), que buscan la nulidad por irrespeto a la Constitución y a la separación de poderes.
DUQUE LE QUITA AUTONOMÍA A LAS COMUNIDADES PARA TUTELARSE EN LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS
