La relatoría conformada para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 concluye que lo acontecido en el marco de las protestas contra el homicidio de Javier Hernández fue una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional. La relatoría fue creada en mayo de 2021, por solicitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y con apoyo de la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD. La relatoría afirma que la práctica más representativa durante las jornadas de protestas fue el uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía. Los autores de la relatoría concluyeron que esa institución desconoció abiertamente los principios de proporcionalidad y de estricta necesidad, además, de las 14 víctimas mortales registradas en el informe, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía. También se presentaron lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la Policía.
LA RELATORÍA PARA EVALUAR EL ESTALLIDO SOCIAL RESPONSABILIZA A LA POLICÍA DE USO EXCESIVO DE LA FUERZA
