La Cámara de Representantes aprueba la Ley Anticorrupción que contenía un peligroso artículo para la libertad de expresión. El texto disponía que entidades de gobierno podían sancionar con millonarias multas, investigaciones penales o inclusive retirar personería jurídica a medios por injuria o calumnia a funcionarios públicos. Esto implicaba que cualquier medio que hiciera funciones de denuncia, estaría amordazado por el riesgo sancionatorio. Varios expertos y organizaciones defensoras de libertad de prensa presentaron su oposición y el artículo no se aprobó en el Senado.