El gobierno salvadoreño continúa la retención de salarios a empleados de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia y del Instituto de Medicina Legal, instituciones con las que ha sostenido varios desacuerdos y ataques durante la pandemia. La retención de salarios del sector público implican los delitos tipificados en el Código Penal como incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.