A partir de la emisión del Decreto 1851 de 2021, la Procuraduría General de la Nación es autorizada para crear más de 1.208 cargos orientados, según esa misma entidad, al cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado colombiano garantizar a las personas personas elegidas por voto popular el derecho a no ser privadas de los derechos políticos únicamente por una decisión de un juez penal. Hay dos críticas a la decisión: que los cargos se crean para juzgar disciplinariamente a los actores políticos en medio de la campaña electoral; y que esta reforma no cumple con las órdenes dadas por la Corte Interamericana, que le dijo al Estado colombiano que “que los servidores públicos no pueden ser juzgados por funcionarios administrativos (como la Procuraduría), sino por un juez penal”.
LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN INCREMENTA A SU PERSONAL EN MEDIO DEL DEBATE ELECTORAL
