La Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicia un examen preliminar sobre la situación en Venezuela con el objetivo de analizar los delitos presuntamente cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones de ese año. En diciembre de 2020, la Fiscalía concluye que existía un fundamento razonable para considerar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno.