El presidente mexicano publicó un acuerdo que faculta al Ejército a realizar tareas de seguridad pública sin cumplir el transitorio constitucional que dio vida a la Guardia Nacional. Sin regulación clara, se le autoriza realizar detenciones, incautar bienes, preservar el lugar de hechos delictivos e inspeccionar la entrada y salida de personas del país, entre otros. La fiscalización queda en manos de los órganos internos de estas instituciones, es decir, en instancias militares que no están sujetas a leyes de transparencia.
