El Órgano Ejecutivo salvadoreño aprueba los decretos 22 y 23 sobre la cuarentena nacional estricta en los que se mantiene activa la figura de detención y remisión a centros de contención. Esto a pesar de que existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declara ilegales las capturas por “violación a la cuarentena”.