La Corte Suprema de Justicia declaró como “inexistente” la información patrimonial de todos los ministros del gobierno de la administración de Nayib Bukele, lo que implica un incumplimiento de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. La declaratoria fue en respuesta a una solicitud de información de una organización de la sociedad civil dedicada a temas de transparencia.