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El presidente, Jair Bolsonaro, promulga un decreto que permite al Gobierno compartir datos personales con otros órganos públicos sin la autorización de los ciudadanos. No es la primera vez que flexibiliza la protección de esta información durante la pandemia. Un decreto provisional determinó que las empresas de telecomunicaciones podían compartirla con el IGBE (Insituto Brasileño de Geografía y Estadística) para auxiliar el combate a la covid-19. En enero de 2021, se produjo la mayor fuga de datos personales en la historia del país. El nombre, dirección, número de celular o impuesto sobre la renta de cerca de 223 millones de personas —incluso fallecidas— acabaron en la Deep Web al alcance de cualquier interesado.

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