El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública investiga a 579 personas identificadas como “antifascistas” a través de la Secretaría de Operaciones Integradas (SEOPI). Entre los investigados se encuentran dos exsecretarios nacionales de seguridad pública y un exsecretario nacional de derechos humanos. El dossier de la investigación habría sido distribuido entre diversos órganos como la Policía Federal, la Agencia Brasileña de Inteligencia y “centros de inteligencia” de la SEOPI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que este tipo de acciones se remontan a la dictadura militar y que el expediente es una afrenta a la libertad de pensamiento.