El gobierno provocó una crisis humanitaria en la frontera sur de Peñas Blancas, limítrofe con Costa Rica, al impedir la entrada a más de 500 nicaragüenses que intentaban retornar al país en medio de la pandemia. La justificación es que los ciudadanos debían presentar una prueba negativa de covid-19 para poder ingresar, pero el gobierno se negó a realizarlas en el lugar.