La Cámara de Diputados y el Senado a pedido del presidente, Jair Bolsonaro, aprueban un decreto que reconoce el “estado de calamidad pública” en Brasil para fines fiscales. En la práctica, se exime al gobierno de cumplir las metas de déficit impuestas por la ley. La declaración de “calamidad pública” crea una base legal para que se implementen otras medidas excepcionales, como el decreto que afecta la regulación laboral.