El 7 de junio de 2021, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto que reforma el artículo 256 del Código Penal de la capital y que equipara a administradores de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con servidores públicos. Esto supone que los miembros de OSC pueden ser investigados y juzgados penalmente por abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso ilegal de la fuerza pública, peculado, intimidación y corrupción.
EL CONGRESO APRUEBA UNA REFORMA QUE AFECTA A LA SOCIEDAD CIVIL
