El presidente, Andrés Manuel López Obrador, emite un acuerdo, conocido como el “decretazo”, para agilizar trámites burocráticos y lograr que se lleven a cabo los proyectos de su gobierno. El decreto declara de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal en materia de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, agua, medio ambiente, turismo, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, entre otros, y ordena a las dependencias del gobierno federal a autorizar “provisionalmente” y dar permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos, aun sin haber cumplido con los requisitos. Además, el decreto declara que la información de estos proyectos será reservada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Decreto en la parte que reserva, por seguridad nacional, información sobre las obras que se realizan.